No solo por las amenazas directas para nuestra seguridad personal y propiedades, sino también por el impacto negativo para las inversiones y el desarrollo de los negocios, lo cual más temprano que tarde afectará el crecimiento de la economía.
De manera inobjetable, la responsabilidad por la solución de este problema corresponde al Gobierno Nacional, a quien compete definir las políticas y estrategias y aplicarlas a través de las instancias especializadas, de acuerdo a la Constitución y las Leyes.
Reconociendo lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil podemos dar una importante contribución, considerando la experiencia acumulada especialmente en el ámbito del trabajo con las comunidades; el acompañamiento a los grupos vulnerables y en situación de riesgo social; la utilización de técnicas participativas cuya efectividad es ampliamente reconocida, entre otras fortalezas.
Las ONGs específicamente estamos preparadas para sumarnos al esfuerzo nacional para construir el clima de convivencia y seguridad ciudadana que reclamamos todos, aportando de manera conceptual y práctica a una estrategia de intervención integral para la prevención de la violencia y la criminalidad.
Nuestras acciones serían de naturaleza preventiva, coordinando esfuerzos con diferentes entidades públicas, en el ámbito de los municipios más afectados por el crimen y la violencia. La población objetivo es prioritariamente, el grupo de menores, jóvenes y jóvenes adultos (vulnerables, en situación de riesgo e infractores), en el que se ubica el mayor número de víctimas y victimarios, radicados en las áreas urbano marginales.
Grupo A-A-2020 S PMA TS
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